Proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración. Ese es el objetivo de los Centros Especiales de Empleo (CEE), que se diferencian únicamente en si tienen ánimo de lucro o o no. Aragón cuenta en total con 71 centros de este tipo (11 en Huesca, 54 en Zaragoza y 6 en Teruel), que emplean a más de 3.300 personas con discapacidad física o intelectual. El sector de actividad que más cubren es el terciario o de servicios, seguido del de industria, comercio, logística. y jardinería.
«Cada vez hay más demanda de este tipo de centros. Cuando se crearon se constituyeron como centros de transición de las personas con discapacidad a empresas ordinarias», recuerda Sara Comenge, gerente de Valentia Emplea, CEE de Huesca donde trabajan 113 personas -de las que 79 tienen discapacidad (60 de tipo intelectual y el resto sensorial y enfermedad mental)- tanto en servicios profesionales de limpieza como de jardinería y huerta ecológica.
«Siempre hay alguna reticencia por parte de las empresas y dudas sobre cómo trabajarán estas personas, pero en cuanto lo prueban, repiten», coincide Javier Cantalapiedra, director de los centros Atadi en Teruel. «Es gente a la que le cuesta tanto encontrar una oportunidad que se esfuerzan mucho y llevan una supervisión fuerte».
«No tenemos dificultades para convencer a las empresas de los beneficios que tienen por contratar con CEE porque es una realidad. Nuestra apuesta es por la competitividad y la calidad», asegura Belén López, presidenta de Padis, patronal aragonesa de la discapacidad, que integra a 28 CEE que dan trabajo a más de un millar de personas con discapacidad física y 8 de tipo intelectual que engloba a 277 trabajadores.
«Se ha avanzado, pero la situación está lejos de normalizarse respecto a la mayor integración en el mercado laboral de personas con discapacidad», dice Luis Gonzaga, presidente del Comité de entidades representantes de personas con discapacidad (Cermi).
Alberto Torres, gerente de Arcadia (Huesca) y de la Fundación Agustín Serrate, que se ocupa de la inserción laboral de personas con enfermedad mental y emplea a 85 trabajadores en nueve áreas (desde un taller de confección a una planta de pellets), asegura que «cuando ven como trabajan estas personas ya no sienten ese rechazo inicial». Con mucho esfuerzo han logrado que el 60% de su facturación venga del sector privado y el 40% de lo público.
Desde la DGA recuerdan que Aragón es de las pocas comunidades que aumenta hasta cerca del 70% del salario mínimo el importe de las ayudas al coste salarial para los empleados con discapacidad superando ampliamente el 50% exigido por ley, gracias a la existencia de las subvenciones complementarias. Este año el Inaem ha convocado ya 14 millones en ayudas a estos centros.
