Solo el 17,5% de la las personas con discapacidad en edad activa cuenta con estudios superiores, frente al 37,4% del resto de la población, según los datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet, Fundación ONCE), publicados este lunes con motivo de la celebración del Día de la Educación, que revelan, además que Aragón supera la media nacional de discapacitados con este tipo de formación hasta alcanzar un 19,6%.
De acuerdo con el Observatorio, el 21,2% las personas con discapacidad en edad laboral no supera los estudios primarios, mientras que son las mujeres las que elevan la media de la formación superior del colectivo, con un 20,9% de licenciadas, 6,1 puntos más que en el caso de los hombres, algo que también ocurre entre la población sin discapacidad.
En función del tipo de discapacidad, la tasa de acceso a la educación superior es más alta en las personas con discapacidad física (21,8%), seguidas de las visuales y auditivas (20,3% y 18,2% respectivamente).
Por comunidad autónoma, las regiones del noreste como Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco alcanzan un porcentaje de personas con discapacidad con estudios superiores del 19,6% y mientras que Madrid llega al 20,8%, datos muy superiores al 16,9% de media.
El 4,5% de la población con discapacidad en edad activa (unas 83.000 personas) no cuentan con ninguna formación. Mientras, la tasa de analfabetismo entre las personas con discapacidad es once veces superior que entre personas sin discapacidad (que cuentan con un 0,4% de personas sin formación).
Por otro lado, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) -integrado entre otros por la Unión Sindical Obrera, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) y la Asociación Nacional de Centros Especiales de Estudios- ha urgido a políticos y agentes sociales involucrarse "en la necesaria transformación del sistema educativo para que ningún niño o niña se quede atrás".
Reclama más formación para los docentes y más inversiones en educación, tanto para la especial como para la ordinaria, de forma que se aseguren los recursos económicos y humanos que garanticen el ejercicio de este derecho a todas las personas y permita a los docentes ejercer su profesión en las mejores condiciones posibles.