Diego y Javier han cumplido 21 años y ya no pueden continuar en el centro de educación especial en el que se han formado. Han terminado una etapa, tal y como estaba previsto, pero sus familias han vivido este comienzo de curso, que tenía que haber sido en septiembre en un centro de día, con la incertidumbre de no saber cuándo podrían empezar, aunque sabían que tenían plaza. Varias de ellas se han quejado a la DGA de los problemas de conciliación y del desajuste que ha supuesto para los jóvenes el retraso de la Administración.
Desde el Gobierno de Aragón han afirmado que se trata de retrasos puntuales de unos "dos meses", en casos en los que ha faltado alguna documentación u otro problema de tramitación. "Siempre se intenta que en septiembre tengan este recurso, pero a veces por diferentes cuestiones se retrasa este procedimiento: falta un papel, cuestiones administrativas…", han puesto como ejemplo desde el departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del que depende el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Cambio de PIA
Todos los años se abre un proceso durante el último curso de educación especial, que terminan algunos jóvenes a los 18 y otros a los 21 años. "En enero los centros se ponen en contacto con el IASS para explicar la situación de los chavales y recomendar el centro que necesitan", añaden desde Servicios Sociales. De allí van a un centro de día, uno ocupacional o un centro especial de empleo, tras hablar con los colegios donde han estado y las familias.
Esta etapa supone cambiar el Plan Individualizado de Atención (PIA), contemplado en la normativa de dependencia y pasar de una prestación por cuidados en el entorno familiar a un servicio en forma de plaza subvencionada. La prestación se mantiene mientras no se adjudica la plaza y lo que tendrán que seguir pagando es el coste del transporte y el comedor si necesitan utilizarlos.
"Mi hijo toma una medicación antipsicótica, que hemos tenido que aumentar por estar más nervioso de lo normal"
Sin embargo, a las familias que este año sufren los retrasos no les convence la explicación. "A mitad de octubre llamé y no sabían nada, me dijeron que se estaba retrasando y que hasta la segunda quincena de octubre no sabrían nada", cuenta Juan Cebrián, padre de Javier, diagnosticado con autismo y con una discapacidad del 77%.
Javier, a causa de su trastorno, "toma una medicación antipsicótica, que hemos tenido que aumentar por estar más nervioso de lo normal", llegando a tener crisis "con autolesiones", ha explicado en un escrito que ha dirigido también al Justicia de Aragón. Juan asegura que en su situación habría "varias familias con personas con discapacidad que esperamos expectantes confirmación y adjudicación". Ante la falta de noticias se plantó con una pancarta la semana antes del Pilar en la puerta del IASS, ubicado ahora en el edificio de los antiguos juzgados en la misma plaza de la basílica.
