Aragón cerrará el ejercicio de 2024 con un crecimiento del 3,1%, aunque el próximo año, en 2025, se producirá una cierta desaceleración. A pesar de ello, la economía aragonesa tendrá fuelle y registrará una evolución positiva del 2,4%.
Son las perspectivas económicas del informe económico de CEOE Aragón en el que se apunta esa desaceleración de cara al año que viene, aunque la economía aragonesa seguirá creciendo por encima de la media española, que se prevé en el 2,3% para 2025.
La desaceleración vendrá principalmente de la mano de la menor aportación del consumo público y de las exportaciones, que en el mes de octubre han registrado un importante descenso de más del 17%. Sobre todo por el sector de la automoción, inmerso en una transformación hacia la electrificación.
A pesar de ello y del contexto geopolítico actual, los empresarios se muestran optimistas, aunque de forma moderada, porque se prevé que, precisamente, las exportaciones vuelvan a recuperar la senda positiva, a pesar de la evolución de las economías europeas -suponen alrededor del 70% de las exportaciones-, y del sector del automóvil, que concentra el 33,6% de las ventas al exterior.
También tendrá un impacto positivo el incremento del consumo privado que se estima, así como el sector de la construcción que volverá a reactivarse ante los planes de construcción de vivienda y de las distintas infraestructuras para las inversiones captadas a lo largo de 2024 en la comunidad aragonesa por valor de más de 40.000 millones de euros.
No obstante, las perspectivas son positivas para prácticamente todos los sectores de actividad. El reto o desafío principal será incrementar la inversión de las empresas, que sigue en niveles de 2019, así como disponer de la mano de obra para dar respuesta a las vacantes.
Según los datos de la organización empresarial, Aragón precisa cubrir 16.000 vacantes entre todos los sectores de actividad. Esto derivará en una moderación de las contrataciones por la falta de personal. Para paliar esta situación, los empresarios aragoneses abogan por simplificar la burocracia para poder incorporar a profesionales de fuera, además de analizar la bolsa de parados y realizar un plan conjunto de formación. Otras propuestas se centran en la vivienda y en la fiscalidad. Temas todos ellos que ya están abordando con el Gobierno de Aragón.
La mejor evolución también se espere que llegue al sector de la automoción, aunque la producción en la planta de Stellantis en Figueruelas, en Zaragoza, se ha reducido y se está aplicando un ERTE y las ventas de coches eléctricos fabricados en Europa no despuntan, generando tensiones en la demanda que, previsiblemente, continuará en el 2025.
No obstante, en el sector hay visos positivos como el hecho de que el 60% de las empresas auxiliares trabajen para otras marcas, así como por la diversificación de mercados, según ha explicado el vicepresidente de CEOE Aragón y presidente de Clúster de Automoción de Aragón, Benito Tesier.
La fábrica de baterías de Stellantis y CATL y los centros de datos son oportunidades que los empresarios consideran que se deben trabajar para aprovechar todo el potencial y desarrollo.
La evolución de la automoción y la falta de profesionales de forma generalizada no es la única inquietud en el tejido empresarial aragonés. Los empresarios también temen la inseguridad jurídica y laboral por los cambios normativos que se están incorporando como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, cuyo acuerdo se ha formalizado hoy a nivel nacional entre Gobierno de España y los sindicatos UGT y CCOO.
Una firma sobre la que el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, ha alertado del impacto que puede tener en las empresas, sobre todo en las pymes, así como la diferente aplicación en el tejido empresarial, puesto que algunas tendrán que mermar la jornada una medida hora, pero otras deberán hacer ajustes de 11 días de trabajo, lo que ha calificado de "imposible de hoy para mañana".
Esta reducción, además, puede tener impacto negativo en la competitividad y productividad. Los empresarios también han mostrado su inquietud por otros cambios normativos como el registro de viajeros y su impacto en el sector turístico.
