El director general de Función Pública del Gobierno de Aragón, Antonio Villacampa, ha asegurado este lunes, en Comisión de las Cortes de Aragón, que hay más de 200 procesos de selección convocados y "estimulados", lo que supondrá la movilización de más de 2.000 plazas de personal que accederá como funcionario de carrera "y reducirá la tasa de temporalidad de aquí a 2025".
"Hasta que no hayamos limpiado el cañar no sabremos, realmente, qué tenemos, una base fija para poder tomas medidas y llegar al objetivo del 8 por ciento de temporalidad" y ha advertido: "La vaca no da para más"
Antes de final de año se convocarán varias oposiciones de turno libre, como son 100 plazas de auxiliares administrativos; 79 de administrativos; 83 de TECAE; 236 de personal doméstico y 135 de servicios auxiliares. Del total, muchos son ya funcionarios interinos y "van a acceder -a la plaza definitiva- gracias a que se han presentado a una oposición".
Villacampa ha explicado que "se ha mejorado el trabajo que se ha hecho en Función Pública y el camino que se está siguiendo es el correcto", aunque "no vamos a llegar al 8% de temporalidad a 31 de diciembre ni de lejos, sino aproximadamente al 20%", una "cifra mejorable aunque bastante buena en relación a lo que se podría alcanzar".
A su vez, el director general ha recordado que "todos los días" firma "autorizaciones de levantamiento de crédito para que se contraten interinos" en aras de "continuar con la prestación de servicios públicos", es decir, que "la tasa de temporalidad sube por goteo a diario y disminuye cuando tenemos procesos selectivos".
"El funcionario no sobra, tiene que ejercer una función", ha continuado el director general, recalcando que la función pública "es un beneficio para todos", y ha sido tajante: "No tenemos ningún plan de cesar interinos, no es una obligación, sino que se produce porque tenemos que generar puestos de funcionarios de carrera y tienen que entrar en esos puestos ocupados por interinos". El objetivo del Gobierno es la mejor prestación de los servicios públicos.
También ha dicho que "hay puestos de muy difícil cobertura" y que debe haber un número "suficiente" de funcionarios para que ocupen esas plazas y, posteriormente, "a través de concursos de traslados irán donde más les convenga".
En relación con los procesos de estabilización, el responsable de Función Pública ha declarado que "en este momento se han ejecutado ciento nueve procesos, con más de seiscientas plazas, unas por concurso-oposición y otras por concurso de méritos". "Todos los procesos estarán convocados a 31 de diciembre, y en el primer semestre de 2025 estarán finalizados y los funcionarios que hayan conseguido plaza ocuparán el puesto que les corresponde", ha anunciado.
"Muchas veces el volumen de trabajo no se refleja en las cifras a 31 de diciembre porque los funcionarios que han accedido mediante concurso no pueden tener un destino definitivo hasta que no se haya completado el orden de prelación".
Antonio Villacampa ha aseverado que "hay sillas vacías ahora y las había hace un año, hace cinco y hace diez", de forma que el problema no viene de la Ley 2021", añadiendo: "Tendremos que valorar si las sillas vacías son necesarias o no, destinar el personal realmente necesario, si no son necesarias y no son reconvertibles, amortizarlas".
"Somos los peores haciendo ERE encubiertos; tenemos más de 60.000 funcionarios en Aragón y cada vez tenemos más", ha indicado Villacampa, insistiendo en la necesidad de "valorar lo que es necesario". Ha recalcado que "el objetivo es que la función pública aragonesa preste con calidad los servicios públicos para todos los aragoneses", haciendo notar que "decir lo contrario es un brindis al sol".
La posición de los grupos
La diputada del PP Susana Cobos ha recordado que "ha habido un antes y un después en la gestión de la Función Pública", pues "la situación de partida con la que llegó al cargo era de casi el 50% de temporalidad". Asimismo, ha incidido en que "se trata de una de las responsabilidades más difíciles que tiene un gestor".
"Se han ido convocando procesos que se han ido resolviendo; el primer macroconcurso del anterior Gobierno tenía un plazo de ejecución de 17 meses y recibió más de 1.000 alegaciones, y el actual ha durado 4 meses con 14 recursos", de manera que "cuando se quiere gestionar se puede gestionar y, a veces, se gestiona bien".
El parlamentario socialista Óscar Galeano ha criticado que "la situación era crítica en cuanto a la ingente necesidad de trabajo que había que hacer en Función Pública", y "se van a pegar media legislatura cambiando de estructura y modificando RPT debido al cambio de gobierno en menos de un año".
Ha criticado al Ejecutivo de Azcón su "falta de capacidad de gestión" porque "da un paso adelante y dos pasos atrás" con "decisiones unilaterales que luego rectifican" y ha emplazado al Gobierno a "evitar caer en el conformismo de cumplir los hitos y no centrar la gestión en la ejecución de convocatorias: Hay que tener la voluntad de querer mejorar la Administración y tenemos dudas de que su partido tenga esa voluntad", ha espetado a Villacampa.
En representación de VOX, Fermín Civiac ha preguntado a Villacampa si "los macroconcursos han sido el detonante de muchos problemas para la Administración" porque, "pese a las sillas vacías, ésta sigue funcionado" e "igual habría que revisar las RPT y reforzar determinados servicios".
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha realzado "la importancia de los empleados públicos", así como de "la ley de Función Pública". También ha preguntado sobre "la posibilidad de abrir las RPT al personal fijo de otras administraciones en los concursos de traslados".
Por parte de Aragón Teruel Existe, Pilar Buj ha apuntado que "tenemos encima de la mesa la famosa sentencia europea que establece unos objetivos ambiciosos que Aragón y el Estado deben cumplir en cuanto a la temporalidad". "El problema no es solo nuestro, pero sí es nuestra la responsabilidad de solucionarlo", ha añadido.
El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha reconocido la "complejidad de la situación", pero ha afirmado que "hacen falta medidas más audaces" porque "tenemos reiteradas sentencias del TJUE que nos obligan a abordar el problema con mucha más contundencia".
