El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Fondos Europeos, ha acordado promover la adaptación de las nuevas medidas introducidas por el Estado que buscan apoyar y respetar los derechos de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Esta adaptación desde la administración autonómica a las novedades del Estado, en la reciente Ley 8/2021 del 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal de las personas con discapacidad, proclama, en su artículo 12, que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida y obliga a los Estados a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar el apoyo que necesiten en su acceso.
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ya solicitó a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil un análisis de cómo debe adaptarse el Código del Derecho Foral de Aragón a la nueva realidad en materia de capacidad jurídica diseñada por la Convención y un informe sobre las reformas a introducir en el Código.