El Gobierno de Aragón tutela en este momento a 1.269 personas adultas (838 en Zaragoza, 283 en Huesca y 148 en Teruel) que, por diversas circunstancias, no están capacitadas para cuidarse por sí mismas. Además, hay en estudio o situación procesal previa otras 241. Este número, que supone un 51% más que hace una década, cuando eran 842, sigue creciendo año tras año.
El Gobierno aragonés ha anunciado la creación de una Fundación de apoyo a la autonomía y capacidades de estas personas que coincide con la entrada en vigor de la ley, el pasado septiembre, que elimina la incapacidad jurídica de este colectivo y la sustituye por un sistema de apoyos para que puedan tomar sus propias decisiones. Desde 1998 funciona la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos que se hace cargo de estas personas y está adscrita al Departamento competente en servicios sociales.
La aplicación de la norma se encuentra en un momento de transición a la espera de saberse cómo el Derecho Foral interpreta este cambio del Código Civil, algo que se encuentra bajo el estudio de la Dirección General de Desarrollo Estatutario. El vicepresidente, Arturo Aliaga, solicitó el pasado noviembre a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil un análisis de cómo debe llevarse a cabo esta adaptación. El Justicia de Aragón también instó a abordar esta reforma.
La Comisión tendrá que preparar un anteproyecto de ley e indicar las reformas procesales que deben emprenderse para que las Cortes de Aragón dicten la ley al efecto. No obstante, también aclaró Aliaga que "es un tema complejo que requiere un esfuerzo para respetar la voluntad de las personas con discapacidad y respetar las especialidades y peculiaridades del derecho foral".
La gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Noelia Carbó, apuntó que independientemente de que cambie o no la legislación civil aragonesa, el plan para la puesta en marcha de la fundación de apoyo "sigue siendo válido". El IASS empezó a trabajar en este proyecto hace casi dos años, pero lo que no hay es un calendario para que se convierta en una realidad. Se pretende que sea una herramienta "mucho más autónoma, operativa y eficiente".
Diversidad de situaciones
Carbó señaló que una de las líneas de actuación debe pasar por el asesoramiento a familias sobre procesos y procedimientos, puesto que ello ayudará a que "muchas personas se sientan más seguras a la hora de ejercer una medida protectora a un familiar o persona de su entorno". Subrayó que hay una "gran casuística" en este tipo de intervención, ya que las personas a las que se atienden no tienen un perfil único y se encuentran en situaciones diversas.
El perfil de la mayoría de los tutelados por la Administración actualmente se corresponde con un hombre de entre 40 y 55 años. El 55% padecen algún tipo de enfermedad mental, un 22,5% son personas con discapacidad y un 22% con deterioro cognitivo. Un tercio viven en residencias, otro tercio en domicilios particulares y otros residen entre centros psiquiátricos, para personas con discapacidad y pisos tutelados. También hay algún tutelado cumpliendo condena en centros penitenciarios.
El dato de las personas adultas tuteladas por la DGA, 1.269, incluye tanto las tutelas como las curatelas, que existen cuando el individuo puede adoptar decisiones sencillas y solo necesita asistencia en determinadas cuestiones. La gran mayoría, 910 (lo que supone un 71,7%) son tutelas. En ellas, el tutor se hace cargo de todas las gestiones vitales y patrimoniales del tutelado, siempre resolución judicial mediante.
En la modificación del Código Civil ya no existe la tutela de adultos. En él se establecen, explicaron desde el Departamento de Ciudadanía, tipos de curatelas, que pueden ser asistenciales, como un ludópata que necesita que le ayuden a controlar el gasto de su dinero, o representativas, para los casos más extremos, que es cuando una persona con discapacidad, enfermedad mental o demencia (entre otros supuestos) necesita un representante legal.
La nueva normativa también suscita dudas entre las familias
La nueva ley sobre la situación jurídica de las personas con discapacidad que entró en vigor el pasado 3 de septiembre también suscita dudas especialmente a las familias.
El gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, reconoció que aunque están de acuerdo "con el espíritu de la norma" en cuanto a lo que supone de lucha contra el estigma que todavía rodea hoy a este colectivo, genera incógnitas sobre cómo se va a llevar a la práctica "para proteger realmente las necesidades de apoyo de estas personas". "Las familias nos trasladan sus preocupaciones por lo que pueda ocurrir si toman decisiones que pueden incurrir en riesgos físicos o que ponen en peligro su patrimonio", apuntó. La Fundación Aragonesa Tutelar (Fundat), que impulsó Atades en 2012, tutela a unas 70 personas.
Mientras, la asociación Plena Inclusión aplaudió esta reforma legal "a fondo" que, asegura, ofrece "garantías jurídicas de apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad" y elimina una "discriminación histórica". Con motivo de su entrada en vigor, sí hicieron hincapié en la importancia de formar a los profesionales del poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la reforma. También reivindicaron la necesidad de dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios tanto a la administración de justicia como a las entidades de apoyo. La Fundación Tutelar Luis de Azúa, integrada en Plena Inclusión, tutela a unos 40 adultos.
