El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y el lema de la campaña de este año es ‘Un día para todos’, un mensaje con el que se quiere transmitir que la discapacidad forma parte de la condición humana, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente y la sociedad tiene que ser sabedora de ello.
Conscientes de la importancia de apoyar a este colectivo, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), ha articulado, desde hace años, un conjunto de políticas activas de empleo que incluyen, por una parte, acciones formativas y de orientación laboral y, por otra, programas de promoción del empleo, con los que se trata de conseguir que el mercado de trabajo sea cada vez un espacio menos excluyente y más integrador, en el que las personas con discapacidad puedan ejercitar su derecho al trabajo como medio de asegurar su emancipación personal y su plena integración social.
Y buena prueba de ello es que durante 2020, el Gobierno de Aragón ha dedicado más de 17,5 millones de euros a la integración laboral de las personas con discapacidad. Una dotación presupuestaria que ha permitido incentivar la contratación de trabajadores por cuenta ajena en el sistema de trabajo ordinario dentro de empresas normalizadas, fomentar el autoempleo y mantener y desarrollar los Centros Especiales de Empleo que trabajan en Aragón.
Ley de derechos y garantías
En Aragón, en marzo de 2019 fue aprobada por unanimidad la ‘Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón’, que sirvió para cambiar el planteamiento de las políticas referidas a este colectivo hasta ese momento y se pasó de garantizar lo meramente asistencial a hacer lo propio con los derechos de estas personas. La norma reorientó las actuaciones públicas garantizando su transversalidad y poniendo el acento en el reconocimiento de las capacidades diferentes. En la actualidad, da prioridad a las políticas de empleo dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. También vela por una educación inclusiva y avanza en atención infantil temprana coordinando los ámbitos de Salud, Educación y Servicios Sociales.
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Centro Especial de Empleo
Integración social
El papel de los Centros Especiales de Empleo es fundamental para la integración social y laboral de las personas con discapacidad. En la actualidad, Aragón cuenta con 72 CEE en funcionamiento, que ocupan a más de 2.700 personas con discapacidad. La Comunidad destina un presupuesto de 16,8 millones para que puedan cumplir con sus objetivos.
Creación de empleo
Cuentan con un programa de ayudas y subvenciones públicas dirigidas a promocionar la integración de los trabajadores con discapacidad en este tipo de centros. Dentro de este programa se distinguen varias líneas. Una de ellas va destinada a proyectos generadores de empleo. En 2020, el Ejecutivo regional ha contribuido a la creación de 49 nuevos puestos de trabajo de carácter estable en un total de 22 Centros Especiales de Empleo.
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Mercado ordinario
Presupuesto
En 2020, el Gobierno de Aragón ha destinado para la contratación de personas con discapacidad un presupuesto de 600.000 euros. Empresas, empresarios individuales y trabajadores autónomos, así como entidades privadas sin ánimo de lucro, entre otros colectivos, pueden beneficiarse de estas ayudas por la contratación de trabajadores con discapacidad.
Contratación indefinida
Las empresas reciben 5.000 euros por la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. Este importe se incrementará hasta un máximo de 6.000 euros por contrato celebrado, en los siguientes supuestos y porcentajes: un 15% adicional cuando la persona contratada sea mujer o mayor de 45 años; y un 15% adicional si presenta una discapacidad intelectual, enfermedad mental o parálisis cerebral en un grado igual o superior al 33%.
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Cuota de reserva
Reserva de plantilla
Las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación legal de reservar el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad o, en su defecto, cuando por dificultades económicas, técnicas u organizativas que impidan dicha reserva, tengan que aplicar medidas alternativas de carácter económico dirigidas fundamentalmente a contratar productos o servicios con Centros Especiales de Empleo o a hacer donaciones a entidades del sector de la discapacidad para contribuir de esta forma a la integración laboral del colectivo.
Sensibilización
El Gobierno de Aragón, a través del Inaem, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrolla campañas anuales de sensibilización e información dirigidas a todas las empresas aragonesas de más de 50 trabajadores, con el fin de que contraten a personas con discapacidad.
Arranca la tramitación de la futura Ley de Economía Social
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Imagen de archivo de un Centro Especial de Empleo en Zaragoza
La economía social tiene una larga tradición en Aragón y una amplia implantación en todo el territorio. Según la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES Aragón), estas entidades representan en nuestra Comunidad aproximadamente un 4,5% del PIB y han creado más de 20.000 puestos de trabajo.
Y no solo eso, sino que, en la actualidad, uno de cada tres aragoneses está vinculado a alguna de las organizaciones que configuran la Economía Social y más de 400.000 personas participan, colaboran o forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción, centro especial de empleo, etc.
Por este motivo, el Gobierno de Aragón ya ha iniciado esta semana la tramitación de la futura Ley de Economía Social. Y lo ha hecho tomando conocimiento del anteproyecto de esta nueva norma, elaborado en colaboración con el propio sector a través del Grupo de Trabajo de Economía Social. "El objetivo de este marco normativo es fomentar este tipo de economía y ponerla en valor, dotándola de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible", explican sus responsables.
Un anteproyecto de ley que se basa en tres aspectos claves. El primero de ellos es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico. En segundo lugar, permite coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector. Y como tercer pilar, la norma apuesta por integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la creación del Consejo de la Economía Social de Aragón.
Este órgano "permitirá aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y estimular la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas", apuntan.
Tras la toma de conocimiento del Anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón, los próximos trámites incluirán el informe del Consejo Económico y Social de Aragón y un periodo de información pública de un mes.
Aunque se va a prescindir del trámite de audiencia a las entidades de economía social más representativas por ser miembros del Grupo de Trabajo de Economía Social, que ha participado en la elaboración del anteproyecto de ley, sí habrá un plazo de un mes de audiencia para los agentes sociales –CC. OO., UGT, CEOE y Cepyme-, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Huesca y Teruel y Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
Trabajo en común
Una ley que es el resultado de la colaboración conjunta de los integrantes del Grupo de Trabajo de Economía Social que han trabajado en la elaboración del anteproyecto. En el grupo, además de distintos miembros del departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, participan numerosos colectivos económicos y sociales de la comunidad aragonesa.
