El IASS se prepara para recibir cerca de 3.000 solicitudes de dependencia tras el parón por el coronavirus

Las citas para presentar las peticiones y documentación se han reanudado esta semana y en Zaragoza se ha habilitado un nuevo espacio en el Actur. La valoración de los enfermos en los domicilios sigue suspendida.

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El padre de Julio sufrió un ictus en diciembre del año pasado. Este vecino de Zaragozatenía cita para presentar la solicitud de dependencia el pasado 17 de marzo, pero el coronavirus truncó sus planes. Este viernes ha sido una de las primeras personas que ha acudido a reanudar el proceso al nuevo espacio Cade (Centro de Atención a la Dependencia) que se ha habilitado para este fin en el barrio del Actur de Zaragoza(calle de Luis Cernuda). Cuando se decretó el estado de alarma 740 expedientes se quedaron paralizados en la capital aragonesa, que es donde se concentra alrededor del 43% de la demanda, y más se alarga el tiempo de espera para valorar los casos. Además, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) estima que se podrían llegar a recibir en toda la Comunidad unas 2.000 nuevas peticiones correspondientes a estos dos meses y medio de parón. La media mensual viene a rondar el millar, pero este número podría reducirse por los fallecimientos que se hayan producido por la covid-19 u otras enfermedades.

Hemos reestructurado de otra manera el servicio en Zaragoza para intentar atender los expedientes que se quedaron colgados y los nuevos que vayan llegando para que no se produzca un retraso", señala Joaquín Santos, gerente del IASS. Lo que de momento no se ha vuelto a poner en marcha es la valoración de los enfermos en los domicilios, que es lo que permite que los trabajadores sociales hagan el Programa Individual de Atención (PIA) que establece la ayuda económica o servicio que le corresponde a cada uno. Santos puntualiza que esta evaluación sí puede llevarse a cabo cuando el dependiente "con un grado muy moderado" acude a las instalaciones con el familiar o los informes médicos "muy contundentes no dejan lugar a duda" de su estado de salud, lo que suele ocurrir cuando la persona está en cama o padece alzhéimer avanzado. Sobre la puesta en marcha de nuevo de las valoraciones en casa espera que sea "en breve", aunque depende de la evolución de la pandemia y las directrices que marque Sanidad.

En el Cade del Actur hay actualmente un equipo de 14 trabajadores sociales(además de la responsable del centro y un profesional de administración) que gestionan las solicitudes. Un número que casi duplica los 8 que llevaban a cabo esta labor en las instalaciones de la dirección provincial del IASS en la plaza del Pilar. Entró en funcionamiento este jueves. Con su habilitación se quiere facilitar el tránsito de ciudadanos en la sede central en el corazón de la ciudad, que en un año de funcionamiento ha recibido 45.000 visitas. Santos apunta que en poco más de dos semanas espera que se asuman los expedientes que se quedaron paralizados y empezar a tramitar la demanda que vaya llegando. El teléfomo 976701705 sigue recibiendo y atendiendo solicitudes y gestiona las citas previas.

Las dependencias del Cade acogieron en su día un centro de atención a la discapacidad y llevaba cerrado desde agosto del año pasado. La amplitud de la planta baja y las salas existentes han facilitado que se cumplan las normas sanitarias. Además de geles hidroalcohólicos y mascarillas o mamparas faciales  "hay un circuito circular para evitar que la gente se cruce, ya que los pasillos son muy estrechos, y para la atención individualizada se dispone de 10 despachos y una sala con otras seis mesas", señala la jefa de sección de valoración de grado de la dependencia de la dirección provincial del IASS en la capital aragonesa, Aurora Gutiérrez. Usuarios y empleados charlan separados por una pantalla y de momento las citas son cada media hora.

¿Se llegará en 2021 a tramitar la dependencia en menos de 6 meses?

El Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales se comprometió a que a finales de este año o principios de 2021 tramitaría la dependencia en todo Aragón en menos de seis meses, el plazo máximo que establece la ley. Un objetivo que, reconoce el gerente del IASS, hoy por hoy no puede "garantizar" que se cumpla, especialmente en el caso de Zaragoza capital, hasta que en un plazo de dos meses o algo más la situación se normalice.

Aragón llevaba más de medio año trabajando en este sentido. De cara a agilizar el procedimiento y simplificar los trámites, reduciendo las numerosas visitas por papeleo que generaba cada solicitud, puso en marcha el pasado junio un nuevo proceso. Sin embargo, las mejoras que se hubieran obtenido desde entonces se vieron truncadas por la pandemia.

Según los últimos datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales, en Aragón, actualmente hay 32.762 personas que reciben algún tipo de prestación o ayuda. La otra cara son esas 5.314 que se encuentran en el llamado 'limbo' de la dependencia, es decir, que la tienen reconocida pero que no la han recibido. Santos matiza que estas cifras están "desvirtuadas". Durante estos dos meses y medio los funcionarios que han seguido trabajando en este área, la mayoría se destinaron a otras tareas para reforzar las plantillas de los centros residenciales y los servicios de atención telefónica, han resuelto una parte de los expedientes, pero tampoco han entrado nuevos casos. 

Desde el Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales, Ángel Sanz alerta de que en los próximos meses será necesario contratar a más evaluadores para absorber el incremento de casos que se producirá y "evitar bloqueos". Recuerda que a finales del año pasado había 3.509 personas en lista de espera para que se evaluase su grado de dependencia, una cifra que actualmente, tras el parón de más de dos meses sin nuevas incorporaciones, es de 2.818. Reconoce que Aragón ha mejorado significativamente en los últimos años en la gestión de la dependencia. No obstante, subraya que una de las cuestiones pendientes, y "más cuando se habla del nuevo modelo de residencias de mayores", es que la financiación, como marca la ley, sea realmente compartida al 50% entre el Gobierno central y el autonómico. Algo muy alejado de la realidad, la Comunidad aporta poco más del 80% y el Estado un 19%.


Fuente: HERALDO.ES 30/5/2020